Viandas, ¿con precios de boutique?
Un punto vital es el de la contratación y posterior ratificación de lo pactado, no siempre asumidos con seriedad y rigor por los entes responsabilizados
En el largo y azaroso camino entre el surco y la mesa de los cubanos, los productos del agro atraviesan tantos escollos y pasan por tantas manos, no precisamente laboriosas, que no pocas veces terminan a merced de la especulación y los chanchullos para exorbitar los precios a alturas casi inalcanzables.
De una semana a otra (a veces menos), lo que hoy cuesta 20 pesos la libra de determinado producto, por obra y gracia del contubernio entre los revendedores, y sin el menor escrúpulo, esa misma vianda, fruta u hortaliza puede amanecer con cinco, diez y hasta más pesos por encima.
Si bien es cierto que lo que aportan nuestros campos está lejos aún de satisfacer la más conservadora demanda, resulta evidente, también, que las cifras de alimentos contratadas por las instituciones estatales encargadas, por insuficiente exigencia y control, distan bastante de las posibilidades de los campesinos y trabajadores agropecuarios.
Para lograr el ordenamiento de la cadena producción-comercialización, un punto vital es el de la contratación y posterior ratificación de lo pactado, no siempre asumidos con seriedad y rigor por los entes responsabilizados.
Más que hacer fríos cálculos de oficina, quienes ejecutan ese proceso están en la obligación de visitar a los productores en sus fincas, intercambiar con ellos y demostrarles, sobre la base del convencimiento, nunca de la imposición, cuánto más pueden aportar si aprovechan bien todas las potencialidades.
Ese propósito solo será cumplido si las juntas directivas y las administraciones de las unidades (UBPC, CPA, CCS y granjas estatales) cumplen con lo que les está encomendado para el estricto control y chequeo sistemático de las producciones. Allí es donde se gana buena parte de la batalla.
PARA GANARLE A LA ESPECULACIÓN
En el seno de cada cooperativa se sabe quién es quién: el que aporta y cumple sus compromisos; también el que contrata por debajo de sus posibilidades, entra en negocios turbios y hasta vende cosechas enteras a los intermediarios mucho antes de que den sus frutos.
Desde que surgieron las formas no estatales de comercialización, quedó claro que se podía acceder a ellas, siempre y cuando el productor honrara, previamente, las cifras de entrega pactadas con el Estado. ¿Qué ha sucedido hasta ahora con los incumplidores?
Acabar con el desorden e imponer la disciplina, lejos de ser una mera consigna, es cumplir lo establecido: en el caso de las cooperativas, comprarles las producciones a sus asociados y luego comercializarlas a través de las entidades de Acopio o directo en las placitas, que realmente estén bajo su efectiva jurisdicción.
Es bueno aclarar esto, porque algunas, sin contar con respaldo productivo, han servido de fachada para el despliegue de decenas de puntos de venta, cuyos verdaderos propietarios jamás han rendido cuenta de su gestión ante las juntas directivas, y han sido parte de la galopante escalada de los precios.
Dicho en otras palabras: se trata de obtener, por todos los implicados en la cadena, márgenes de ganancia lógicos, a partir de precios de venta justos y razonables, contrario a quienes, con estatus legal o no, acaparan las producciones, especulan y esquilman al público sin un mínimo de pudor.
Ante el apremio por multiplicar los volúmenes de viandas, hortalizas, granos, frutas, carne y leche, por solo citar algunos renglones, la máxima dirección del país aprobó un paquete de medidas dirigidas a eliminar las trabas burocráticas, y despejar así el camino para el despliegue de las fuerzas productivas.
Aunque unas acciones se han ejecutado con mayor celeridad que otras, urge cerrar todo resquicio a la fuga de productos hacia destinos no lícitos, y llamar a capítulo a quienes participan de manera directa en la comercialización; llámense mercados, placitas, puntos de venta, carretilleros o vendedores ambulantes.
Corresponde poner orden, establecer prioridades, hacer cumplir lo legislado y proteger el bolsillo de los ciudadanos, a quienes les resultan hoy casi inaccesibles los precios de venta de los productos que deben complementar la dieta cotidiana en sus hogares.