Aplican en Cuba incentivos fiscales para la producción de alimentos
Beneficios e incentivos fiscales para contribuir a reanimar sectores claves de la economía cubana, como la agricultura y la industria, empiezan a implementarse desde principios de año por el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), a través de la gestión y control de la Ley del Presupuesto del Estado del 2024.
Así lo refleja la reciente publicación en la Gaceta Oficial de la República de varias resoluciones de ese organismo, una de las cuales se refiere a la bonificación del pago del impuesto aduanero a las importaciones de materias primas, insumos y bienes intermedios, con destino a procesos productivos, con especial enfoque hacia la producción agropecuaria y de alimentos.
En un 50% se reduce la tasa impositiva para tales operaciones, pero no es la única medida del MFP en su empeño de promover el fomento y desarrollo de sectores primarios como ése, en el que anualmente el país gasta cifras millonarias en la adquisición de alimentos en el exterior.
Por ello no resulta extraño que entre las normas complementarias al Presupuesto de este año también figure la reducción del 2% del tipo impositivo para el pago del impuesto sobre los ingresos personales, por los productores agropecuarios individuales, cuando el general es del 5%.
La regulación expresa el tratamiento diferenciado y la prioridad que se otorga al estratégico sector, con el objetivo de estimular la producción de alimentos para la población.
Pero también está en vigor la Resolución 308/2023 del propio Ministerio de Finanzas y Precios, consistente en la aplicación del impuesto por la ociosidad de tierras agrícolas y forestales en las provincias y municipios del país.
Vladimir Regueiro Ale, titular del organismo, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que no es un tributo orientado a la recaudación sino a impactar en que los tenentes de tierras hagan un uso eficiente de este recurso, en función de mejorar la alimentación del pueblo.
Asimismo en sintonía con este objetivo desde el Presupuesto del Estado se prevé en 2024 impulsar el Programa de atención a la Ruralidad, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de las zonas rurales en el país, en las que existe un componente fundamental de nuestra identidad cultural y se asienta el sector primario de la economía que más debía aportar al PIB.
Con ello se pretende contribuir a detener el proceso de despoblamiento que en las mismas ocurre desde mediados del pasado siglo.
Concebido también como un programa integral para potenciar el desarrollo económico, político y social en zonas montañosas, el Plan Turquino muestra su impacto en 11 provincias y en aras de su avance se destinaron cifras millonarias de dinero.