Internacionales

EE. UU. destina fondos a organizaciones no gubernamentales para interferir en Cuba (+Video)

Bruno Rodríguez Parrilla

El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció una vez más el financiamiento de EE. UU. para subvertir el orden en Cuba y con ello derrocar a la Revolución.

En su cuenta de Twitter expresó que el Gobierno federal destina, sin consentimiento del pueblo estadounidense, millones de dólares de los contribuyentes para financiar ONGs destinadas a interferir en los asuntos de un Estado soberano y promover campañas de desestabilización contra Cuba. Acompañó su mensaje con un enlace a una publicación del blog Cuba Money Project.

Ese blog publicó un informe con fecha 4 de enero de 2021 que recoge documentos fiscales recopilados desde 2000. Ahí se destaca cómo algunas ong dependen de varias fuentes de financiación del Gobierno estadounidense cada año, comparten dinero entre sí y, a veces, transfieren subvenciones a «subreceptores»» no identificados. Incluye también los cientos de activistas cubanos que reciben dinero.

El Directorio Democrático Cubano, Inc., con sede en Miami, tras una auditoría de febrero de 2021, gastó 1 050 270 dólares en programación de radio, ayuda humanitaria, actividades cívicas y otras en 2019. Entre sus objetivos están las acciones de subversión, en el plano cultural, de la juventud cubana.

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La ruta del dinero de la guerra no convencional de Estados Unidos contra Cuba

El Grupo de Apoyo a la Democracia, Inc., enfocado en ayudas a supuestos «presos políticos»» y sus familias, luego de  una auditoría de abril de 2020 recibió 856 907 dólares en 2019, incluidos 844 141 de la Usaid, y entregó  188 323 a un subreceptor que no fue revelado.

Otras ONG son el Center for a Free Cuba, Cubanet News Inc.; Foundation for Human Rights in Cuba; International Institute on Race; Equality and Human Rights; y Outreach Aid to the Americas, Inc.

Para enfrentar la subversión, unido a su Constitución, Cuba cuenta con el Código Penal y las leyes 80 y 88, que complementan el ordenamiento jurídico en términos de defensa.

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