Cuba no ha dejado ni dejará de denunciar a EE. UU.

Entrevista a Carlos Manuel Díaz Tenreiro magistrado del Tribunal Supremo Popular, en el Tribunal Supremo Popular

El dolor, incomparable, desgarrador, de las madres que vieron morir a sus hijos por la introducción en la Isla de la epidemia del dengue hemorrágico a finales de la década de 1970; el testimonio de la niña Nemesia, la de los zapaticos blancos, que perdió a toda su familia en aquellos días grises de la invasión mercenaria por Playa Girón; el sentimiento de tristeza, y también de impotencia, de los familiares que no pudieron volver a abrazar a su ser querido, que viajaba en la aeronave de Cubana de Aviación que explotó en pleno vuelo frente a las costas de Barbados, a causa de una bomba colocada por manos terroristas entrenadas por la CIA»

Fueron muchas las historias, las lágrimas que se revivieron durante el proceso judicial de audiencias públicas, pruebas periciales y documentales, que demostraban el daño ocasionado por el Gobierno de Estados Unidos, a razón de la demanda del pueblo cubano sobre la Reparación de Daños e Indemnización de Perjuicios. Así nos cuenta Carlos Manuel Díaz Tenreiro, quien fungía «en aquel tiempo» como vicepresidente del Tribunal Provincial Popular de la entonces Ciudad de La Habana, donde se interpuso la querella.

«Había una necesidad histórica, pero también legal, de contar y hacerle saber al mundo los crímenes cometidos contra nuestro país por la simple osadía de querer ser libres y soberanos. Toda esa documentación la recoge esta demanda desde el mismo 1ro. de enero de 1959 hasta el 31 de mayo de 1999, fecha en que se emitió.

«Por eso, si hablamos de descifrar la motivación para entablar un pleito judicial contra la que se dice la nación más poderosa del mundo, tendríamos que recordar los más de 3 478 cubanos fallecidos por esas agresiones y la estela de dolor que quedó en la memoria del pueblo. Pero también hay que hablar del esfuerzo de la Revolución Cubana para dotar de orden la vida del país y que la verdad histórica pasara a ser también una verdad jurídica»», relata el hoy magistrado del Tribunal Supremo Popular de la Isla.

«Fue impresionante la cantidad y calidad de las pruebas propuestas, en unos casos fruto de investigaciones y archivos históricos de distintas instituciones de nuestro país, en otros, a través de documentos desclasificados, como el informe del Inspector General de la CIA, Lyman Kirkpatrick, elaborado en octubre de 1961, en el que se evalúan las razones del fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos, como la llamaron los estadounidenses; o las pruebas de reconocimiento judicial a las personas que sufrieron físicamente algún daño; las propias certificaciones de defunción; y hasta pruebas de reproducciones fotográficas y en otros soportes visuales y de audio.

«De más está decir lo doloroso que resultaba escuchar las experiencias de las víctimas, los testimonios de los familiares desaparecidos físicamente, cómo tuvieron que vivir sin el calor de un padre o un hijo»».

«Y todo eso quedó plasmado legalmente, porque, tanto en la demanda como en la sentencia, se establecen cronológicamente los daños o perjuicios que se realizaron durante aquella época: desde el bandidismo en el Escambray, hasta la incitación a la emigración ilegal, los sabotajes y atentados contra naves, aeronaves y embajadas, la guerra biológica, la ocupación ilegal de la base naval en Guantánamo, entre otros»», expresa Díaz Tonreiro.

Por la trascendencia de este juicio, rememora, se determinó que las audiencias se celebrarían en la Sala del Pleno del antiguo Tribunal Supremo de Justicia, hoy Palacio de la Revolución. Tras la presentación de los documentos probatorios, con total apego a la Constitución y al Código Civil de Cuba, el Tribunal Provincial dictaminaría con la sentencia número 110, del 2 de noviembre de 1999, que el gobierno agresor debía indemnizar al pueblo cubano con el pago único de 181 100 millones de dólares estadounidenses.

Asimismo, añade, la sentencia incluía que el Gobierno estadounidense debía retractarse públicamente por el daño moral del que habían sido objeto, tanto los familiares como las víctimas de los hechos narrados en la demanda.

Sin embargo, afirma, ni lo uno ni lo otro se ha cumplido, aun cuando la sentencia se notificó y se entregó en la entonces Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba. «Nosotros cumplimos con todo el rigor de la ley procesal y el Gobierno norteamericano ha desconocido esta justa demanda»».

Cuba no ha dejado ni dejará de denunciar y reclamar por el resarcimiento de estas demandas, pues es ante todo una cuestión de justicia y moral.

BASAMENTO DE LOS DAÑOS HUMANOS CONTRA CUBA

Programa de Acción Encubierta contra el Régimen de Castro: fue aprobado el 17 de marzo de 1960 por el presidente de EE. UU. Dwight D.

Eisenhower, quien expresó: «No conozco plan mejor para manejar esta situación. Todo el mundo tiene que estar dispuesto a jurar que el Presidente no sabe nada de esto. Nuestras manos no deben aparecer en nada de lo que se haga»».

Proyecto Cuba: fue presentado el 18 de enero de 1962 por el general de brigada Edward Lansdale. Contenía 32 tareas de guerra encubierta que debían ser ejecutadas por los departamentos y agencias participantes en la llamada Operación Mangosta.

Informe del Inspector General de la CIA, Lyman Kirkpatrick: elaborado en octubre de 1961, en el que se evalúan las razones del fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos, revela que las operaciones encubiertas organizadas desde Washington contra Cuba comenzaron en el verano de 1959, semanas después de la firma de la Ley de Reforma Agraria, el 17 de mayo de ese año.

En ese texto se reconoce que de enero de 1960, cuando contaba con 40 personas, el Buró se expandió a 588 para el 16 de abril de 1961, convirtiéndose en uno de los más grandes buroes en los servicios clandestinos. Se refería al centro de la cia en Miami dedicado a las actividades contra Cuba.

TERRORISMO: INSTRUMENTO DE LA POLÍTICA DE EE. UU. CONTRA CUBA

Atentados a instalaciones comerciales, sociales, civiles y militares.

Secuestros de aviones y de embarcaciones.

Ataques a oficinas representativas del país en el exterior, incluso en las Naciones Unidas.

Guerra biológica y bacteriológica, que causó la muerte a cientos de personas, sobre todo a niños; esa práctica también produjo la muerte de cientos de miles de animales y afectaciones a las producciones agrícolas, por contaminación de sus cultivos.

Atentados contra aviones, embarcaciones, centros turísticos y población en general.

ACCIONES CONTRA LA POBLACIÓN

Ataques piratas, aéreos y navales; promoción y apoyo directo a grupos contrarrevolucionarios dentro de Cuba, cuyos objetivos, según documentos desclasificados, era lograr el derrocamiento del Gobierno revolucionario y que pareciera ser el resultado de sus propios errores.

Vuelos sobre territorio cubano de pequeños aviones procedentes de territorio de EE. UU., con misiones como infiltración de agentes, armas y otros medios.

Vuelos de aviones desde EE. UU. que bombardearon las plantaciones de caña, centrales azucareros y población civil.

Formación y preparación de bandas, las cuales fueron avitualladas por aire y mar con armas, municiones, explosivos y medios de comunicación. Esas bandas asesinaron a niños, jóvenes, mujeres y ancianos.

Entre 1959 y 1965 actuaron al servicio del Gobierno de Estados Unidos, a todo lo largo y ancho del territorio nacional, 299 bandas, que sumaron 3 995 mercenarios.

LAS CIFRAS DE UNA ASESINA POLÍTICA

3478 fallecidos.

2099 incapacitados.

181 100 millones de dólares Fue la cifra que dictaminó El Tribunal Popular Provincial de Ciudad de La Habana, basándose en los preceptos de la Constitución de 1976 y el Código Civil de Cuba, con la que»  el gobierno agresor debía indemnizar al pueblo cubano.

Tomado de Granma

Ernesto Arsenio Hernández Palencia

Ernesto Arsenio Hernández Palencia

Ernesto Arsenio Hernández Palencia: periodista, fotoreportero, Ingeniero Civil. Amante de mi familia y de Cuba.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Complete la operación *