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Cuba reduce brecha de género en gobiernos locales

La desigualdad entre mujeres y hombres en la ocupación de escaños en los gobiernos locales sigue disminuyendo hoy, según informó el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (OCIG) al presentar la más reciente actualización de sus indicadores.

Durante una conferencia de prensa, especialistas de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) y de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), responsables de la herramienta digital, destacaron que la brecha pasó de 29 puntos en 2018 a 11,6 puntos en 2024.

Los resultados del proceso electoral municipal el pasado año revelan que un 44,2 por ciento de los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular son mujeres, mientras que los hombres representan el 55,8 por ciento, de acuerdo con los datos disponibles en www.genero.onei.gob.cu.

Por su parte, la Asamblea Nacional del Poder Popular muestra una mayoría femenina con el 55,7 por ciento de los escaños ocupados por mujeres, conforme a los resultados del proceso electoral 2022-2023.

Este crecimiento contrasta con las cifras de 1981, cuando los hombres ocupaban el 77 por ciento de los puestos parlamentarios frente al 23 por ciento de las féminas.

Según el informe presentado este martes por el OCIG, el análisis de 21 de los 33 indicadores monitoreados evidencian los progresos y desafíos de la isla caribeña en áreas prioritarias para la equidad de género y el diseño de políticas públicas más efectivas.

La experta de la ONEI Anays Montequín explicó que la plataforma incorpora ahora una interfaz renovada con datos poblacionales actualizados al 2024, además de tableros provinciales y municipales que permiten seguir la evolución demográfica cubana desde 2013.

El sitio web ofrece también información detallada sobre el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM), e incluye estadísticas en áreas clave como empoderamiento económico, medios de comunicación, educación, prevención y trabajo social.

Asimismo, evalúa el acceso a la toma de decisiones, el marco legislativo y de derechos, el sistema de protección contra la discriminación y la violencia, la salud sexual y reproductiva, y las investigaciones vinculadas a la igualdad de género.

La desigualdad entre mujeres y hombres en la ocupación de escaños en los gobiernos locales sigue disminuyendo hoy, según informó el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (OCIG) al presentar la más reciente actualización de sus indicadores.

Durante una conferencia de prensa, especialistas de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) y de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), responsables de la herramienta digital, destacaron que la brecha pasó de 29 puntos en 2018 a 11,6 puntos en 2024.

Los resultados del proceso electoral municipal el pasado año revelan que un 44,2 por ciento de los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular son mujeres, mientras que los hombres representan el 55,8 por ciento, de acuerdo con los datos disponibles en www.genero.onei.gob.cu.

Por su parte, la Asamblea Nacional del Poder Popular muestra una mayoría femenina con el 55,7 por ciento de los escaños ocupados por mujeres, conforme a los resultados del proceso electoral 2022-2023.

Este crecimiento contrasta con las cifras de 1981, cuando los hombres ocupaban el 77 por ciento de los puestos parlamentarios frente al 23 por ciento de las féminas.

Según el informe presentado este martes por el OCIG, el análisis de 21 de los 33 indicadores monitoreados evidencian los progresos y desafíos de la isla caribeña en áreas prioritarias para la equidad de género y el diseño de políticas públicas más efectivas.

La experta de la ONEI Anays Montequín explicó que la plataforma incorpora ahora una interfaz renovada con datos poblacionales actualizados al 2024, además de tableros provinciales y municipales que permiten seguir la evolución demográfica cubana desde 2013.

El sitio web ofrece también información detallada sobre el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM), e incluye estadísticas en áreas clave como empoderamiento económico, medios de comunicación, educación, prevención y trabajo social.

Asimismo, evalúa el acceso a la toma de decisiones, el marco legislativo y de derechos, el sistema de protección contra la discriminación y la violencia, la salud sexual y reproductiva, y las investigaciones vinculadas a la igualdad de género.

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