La voluntad de enriquecer el Proyecto de Constitución

Reunidos en tres subgrupos de trabajo, los diputados analizaron este jueves la propuesta de Constitución, resultante del proceso de consulta popular que se extendió desde el 13 de agosto hasta el 15 de noviembre pasado.

Reunidos en tres subgrupos de trabajo, los diputados analizaron este jueves la propuesta de Constitución, resultante del proceso de consulta popular que se extendió desde el 13 de agosto hasta el 15 de noviembre pasado.

Denominador común fue el reconocimiento a quienes aportaron sus opiniones y hasta dudas, a los dúos que intervinieron en los debates y llegaron a los lugares más recónditos, a los ­diputados por asistir a las reuniones y transmitir la sapiencia del pueblo al máximo órgano de Gobierno y a todos los que contribuyeron al exitoso de­senvolvimiento de este genuino ejercicio democrático.

A partir del propio preámbulo del texto hubo opiniones. Eusebio Leal Spengler propuso que, por su significado histórico y jurídico en la formación del Estado cubano, se incluya el aniversario 150 de la Constitución de Guáimaro, fecha que celebraremos en el 2019.

Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, dijo que ese planteamiento enriquece el prólogo, pues aunque se ha dicho que este no puede estar sujeto a la relatoría de todas las efemérides históricas, el hecho fundacional de Guáimaro cuenta con suficiente relevancia como para tenerlo en cuenta, pero aclaró que su aprobación corresponde a la sesión ordinaria del Parlamento este viernes.

Yolanda Gómez, diputada por Cabaiguán, propuso incluir, en la parte inicial, una referencia a los movimientos estudiantiles, los cuales, al decir de Ania María Aparicio, diputada por Cifuentes y miembro de la Comisión Redactora, ya están contenidos en el término: «movimientos revolucionarios».

Al respecto, José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y miembro de la Comisión Redactora, añadió que en el preámbulo es imposible incluir todos los hitos históricos de la nación. Por ello, hay que buscar expresiones que abarquen todas las gestas libertarias de Cuba.

Danhiz Díaz Pereira, diputado de La Habana, expresó que con más fuerza podemos decir que esta es la constitución del pueblo y sugirió incluir en el texto a las organizaciones estudiantiles en el espacio de «por los que promovieron, integraron y desarrollaron las primeras organizaciones de obreros y de campesinos».

Yusuam Palacios Ortega, diputado de la provincia de Holguín, expresó que la inclusión en el preámbulo de la palabra comunismo, en «solo en el socialismo y en el comunismo el ser humano alcanza su dignidad plena», como forma de las ideas que hemos defendido en los años de lucha, tiene un valor extraordinario, porque presenta una lectura revo­lucionaria y ­coherente con lo que hemos ­defendido y tenemos que seguir defendiendo.

Esto respondió, de acuerdo con Yumil Rodríguez Fernández, miembro de la Comisión, a las más de 1 800 propuestas de inclusión de este término.

Sobre el modo en que el Título I reconoce el desempeño de las formas asociativas, más allá de las organizaciones de masas y sociales, se pronunció la diputada por Boyeros, Yinet Infante. Entonces Toledo Santander explicó que hoy existe una Ley de Asociaciones, la cual se está perfeccionando.

En el Artículo 1, Yumil Rodríguez Fernández destacó la importancia de poner en un primer plano el término de justicia social.

Yuleidys Cruz llamó la atención en el Artículo 2, del Capítulo I, acerca de que no aparecen refrendados los atributos nacionales, y uno de los miembros de la comisión redactora del proyecto de Constitución explicó que durante el procesamiento de los planteamientos de la población, al respecto se constató que solo aparecen legislados los símbolos e incluso tuvieron en cuenta que está por analizar en la Asamblea Nacional una ley que data de 1988.

Homero abundó en que los atributos son construcciones realizadas a través del tiempo y responden a una cultura, a valores, pero no se les puede dar un rango constitucional como tienen la bandera, el escudo y el himno nacionales.

Al referirse al Artículo 11, Regina Álvarez Sánchez se preguntó por qué además del espacio radioeléctrico no se incluía el ciberespacio, que es un término más amplio.

Homero afirmó que en este acápite hubo muchas propuestas de la población, pero no se pueden obviar cuestiones técnicas, como que el ciberespacio es intangible y trasciende las fronteras de los Estados. Tampoco hay un tratado internacional que lo regule, por tanto, los países establecen normas y regulaciones hacia lo interno y eso también lo hace Cuba.

Reconocimiento del Estado Laico

El profesor Orlando Gutiérrez se refirió a la importancia de que se reconozca el Estado laico en el Artículo 15, por lo que significa para la unidad de todos los cubanos, religiosos o no; y que mientras en otros países se tolera la libertad religiosa, en el nuestro se respeta.

Pablo Odén Marichal Rodríguez complementó esta idea al puntualizar que no se puede tener una visión del estado laico solo por lo que significa para las instituciones religiosas, sino para toda la sociedad, pues sin ese concepto no habría garantía hacia quienes profesan esas prácticas.

Ese reconocimiento en el proyecto de Constitución, apuntó, implica que el Estado no se inmiscuye en las cuestiones internas de la religión, ni esta tampoco interfiere en las cosas del Estado.

Al resumir esas intervenciones, Ho­mero dijo que Cuba no había definido con toda claridad el término laicidad en su Ley de leyes, aunque en la reforma constitucional de 1992 nos constituimos en Estado no confesional.
La precisión tenida ahora entraña que esa es la relación entre el Estado y sus instituciones, que no se reconoce a ninguna iglesia por encima de la otra y que entre ambas partes debe haber respeto. Reconoció que este término merece ser explicado

Foto: José Manuel Correa

CAPíTULO II

Las opiniones en el Capítulo II comenzaron por el Artículo 16, respecto al empleo de la categoría de Tercer Mundo, sobre lo cual intervino Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, quien reconoció que ese término se utiliza en el plano internacional, a partir de las diferencias y distintos niveles de discriminación que establecen los países ricos a partir de un orden económico injusto.

Sin embargo, utilizar la denominación de Tercer Mundo en el proyecto de Constitución se relaciona con la necesaria concertación política, incluso la integración en otros ámbitos entre naciones del Sur, entendidas como países subdesarrollados, a los que a veces en el lenguaje diplomático y, de manera eufemística, se les llama naciones en desarrollo.

El concepto que se quiere expresar está a tono con las reivindicaciones del Movimiento de los No Alineados, el Grupo de los 77 y en general de las fuerzas políticas y sociales que existen, apuntó.

En el inciso h, de ese propio Artículo, Elisa Castillo, diputada por la provincia de Guantánamo, propuso la posibilidad de que se valorara adicionar la ocupación ilegal de una parte del territorio nacional.

Siguiendo esa misma línea de pensamiento, Yumil Rodríguez Fernández destacó que es cierto que todos los cubanos estamos indignados con la ocupación, pero en este articulado se trata de identificar en qué se basa la política del Estado en cuestiones internacionales y la aclaración de la diputada está de alguna manera incluida en el artículo relacionado con la soberanía.

Respecto al Artículo 17, el diputado Juan Carlos Rodríguez señaló que se aviene con lo planteado por Fidel en La historia me absolverá, respecto a las relaciones de hermandad de Cuba con los pueblos de América y el mundo en general, y el respeto hacia todos los que se enfrentan al colonialismo, el neocolonialismo y el imperialismo.

Título II: Fundamentos Económicos

El papel de la planificación como componente central del sistema de dirección del desarrollo económico y social, tal y como se define en el Artículo 19 (antiguo 27), también generó intervenciones.

Alejandro Gil, ministro de Economía y Planificación, consideró que lo contenido en la Constitución es una máxima que debe aplicarse de manera sostenida y se corresponde con todo lo que urge hacer en materia de ordenamiento de la planificación.

Entretanto, Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo, consideró que la Constitución establece, claramente, los dos objetivos de la planificación: lograr un equilibrio en el corto plazo, entre recursos y necesidades, y la proyección a largo plazo del desarrollo estratégico, definida esta última como la función esencial.

Cierto es, a su juicio, que en los últimos años se ha priorizado el equilibrio a corto plazo; pero la Constitución consagra como función esencial de la ­planificación la conducción del desarrollo estratégico, y en ese sentido deben enfocarse los esfuerzos.

Sobre la importancia del nuevo Artículo 21, que establece la responsabilidad del Estado con la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación en función del desarrollo, habló José Luis Toledo, quien destacó que su incorporación responde a disímiles planteamientos sugeridos durante la consulta por parte de la comunidad científica.

Otro tema que generó un número significativo de opiniones fue el actual Artículo 24, referido a los otros bienes que constituyen propiedad socialista de todo el pueblo, en particular las infraestructuras, que son inembargables y que solo pueden transmitirse en casos excepcionales.

Ania Laza Morera, diputada por Marianao, mostró su insatisfacción con el uso del término principales para calificar esas infraestructuras, el cual puede resultar ambiguo o malinterpretado, e incluso, la diputada por San Miguel del Padrón, Alicia Alonso, solicitó eliminarlo, porque mientras más clara quede la Constitución, mejor será su interpretación.

Al respecto, Johana Odriozola, miembro de la Comisión redactora, coincidió en la necesidad de buscar un término apropiado que deje claro que no se trata de todas las infraestructuras. Por su parte, Marino Murillo alertó sobre la significación del asunto, teniendo en cuenta que una de las grandes limitaciones de Cuba para el desarrollo son las infraestructuras, por lo cual hay que buscar la mejor manera de proyectar su avance.
También Inés María Chapman, vicepresidenta de los Consejos de Estado y de Ministros, se pronunció por la modificación, al tiempo que reconoció que la definición en la Constitución, por la propia naturaleza del texto, tiene un enfoque general, y serán las futuras normas de desarrollo las que pormenoricen.

Ariel Mantecón Ramos, diputado por Matanzas, apuntó ideas similares, pues, a su juicio, el Proyecto de Constitución ha tratado de huir del casuismo, de las definiciones reduccionistas, porque eso es lo peor que le puede ocurrir a un texto constitucional.

Ante la imposibilidad de llegar a un consenso, Toledo Santander propuso continuar su discusión por la Comisión Redactora y presentar el tema en la sesión plenaria, prevista para hoy.

Al igual que en las reuniones de consulta, volvió a debatirse el tema del trabajo como obligación, asunto que generó durante el debate popular 51 414 propuestas.

Freddy Luis Sánchez, diputado por Cumanayagua, Víctor Manuel Gutiérrez, en representación de Boyeros, y Enrique Richard, por Cienfuegos, insistieron en cuánto afecta al país que ciudadanos sin trabajar mantengan un nivel de vida superior a la de muchos trabajadores y, sin aportar a la sociedad, tengan derecho a todos los beneficios de la Revolución.

Evidentemente, reconoció Johana Odriozola, miembro de la Comisión redactora, este tema figura entre las temáticas más frecuentes planteadas por la población. Pero su solución, más que de un principio de obligación, que implica, por demás, un efecto jurídico tras su incumplimiento, demanda la implementación de medidas económicas y de incentivos que conviertan al trabajo en el único modo de satisfacer las necesidades.

En cuanto al modo de hacerle frente a las ilegalidades en las cuales incurren algunos ciudadanos, lo que les permite mantener un nivel de vida holgado sin trabajar, Toledo Santander subrayó que existen mecanismos para enfrentarlas, no desde la Constitución, y sí desde otros ordenamientos jurídicos.

En el caso del Artículo 22 (antiguo 21), precisó Yumil Rodríguez Fernández, se incorpora una nueva forma de propiedad asociada a las instituciones y formas asociativas, «las que ejercen estos sujetos sobre sus bienes para el cumplimiento de fines de carácter no lucrativo».

Sobre el Artículo 23 lo diputados se plantearon la duda de las palabras inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad.

Dichos términos, de acuerdo con miembros de la Comisión redactora, están para dejar claro que estos bienes no pueden transmitirse en propiedad y que en su momento se consideraron más precisos desde el punto de vista jurídico.

Magela Ferrari, miembro de la Comisión, agregó que estos términos, inherentes a este tipo de regulación, están redactados a modo de principios porque envuelven de alguna manera más amplia las acciones y el funcionamiento.

Carlos Rodríguez, diputado de la provincia de Holguín, planteó que debe modificarse el citado artículo, donde se dispone la autorización previa del Consejo de Estado para «la transmisión de otros derechos que no implican transferencia de propiedad sobre estos bienes», y que sea el Consejo de Ministros el encargado de transferir bienes como infraestructuras, industrias e instalaciones económicas.

Sobre el Artículo 29 relacionado con la propiedad privada sobre la tierra, Jaqueline Puebla, diputada de Granma, destacó que la tierra es el bien más preciado que tiene el país y precisó que, de cara al futuro, resulta necesario dejar claro que «solo el Estado será el que puede comprar las tierras». Además, comentó sobre la necesidad de dejar claro que la autoridad competente para «los actos traslativos de dominio no onerosos de derechos de uso y disfrute sobre este bien» es el Ministerio de la Agricultura.

Por su parte, el titular del sector, Gustavo Rodríguez Rollero, expresó que con ese párrafo que se agrega se deja abierto desde el punto de vista constitucional el camino a las transformaciones pertinentes para hacer un Código o Ley de la Tierra, que flexibilice los procesos agrarios con que contamos actualmente.

Relacionado con el Artículo 31 el diputado José Castañeda, de la provincia La Habana, comentó que, aunque el trabajo no se puede establecer como una obligación, es necesario buscar y crear mecanismos exigentes para que se incorporen más personas a la producción de servicios.

La doctora Martha Moreno Cruz, asesora de la Comisión redactora del Proyecto de Constitución, aclaró en el Artículo 20 de los Fundamentos económicos que se amplió el término de empresa a entidades estatales y resulta un acápite novedoso, que extiende el reconocimiento de participación de los trabajadores en todas las formas de gestión de la actividad económica y social.

Homero acotó que no se regula a los empleadores privados ni a los trabajadores por cuenta propia, sino el papel de los trabajadores en el sector público, que es donde hay un plan, donde se discuten los presupuestos y el colectivo se compromete e identifica las reservas para crecer en producción y eficiencia, lo cual no quiere decir que el Estado se desentienda de las otras formas de gestión, destacó.

El secretario general de la CTC, Ulises Guilarte, resaltó ese derecho que tienen los colectivos laborales y recordó una reflexión del General de Ejército Raúl Castro Ruz respecto a que la participación de los trabajadores es un requerimiento para el sostenimiento y defensa de la Revolución, como dueños y generadores de las riquezas que demanda el pueblo, de lo contrario, las bases de la Revolución no estarían tan sólidas.

Sobre una aparente contradicción en el Artículo 23, planteada por el ­diputado Jorge González, Homero dijo que es aparente, pues anteriormente se recogen los espacios donde el Estado ejerce jurisdicción y soberanía, mientras el referido 23 incluye las construcciones que hace el hombre. No obstante, se acordó revisar la manera de argumentar mejor ese concepto.

El Artículo 30 motivó varias intervenciones en relación con el término de concentración de la riqueza, uno de los que también promovió numerosas opiniones de la población.

Ahora, con los cambios, queda explícita la voluntad política de no atacar la creación de riquezas de forma lícita, así como reconoce la progresividad en su obtención, atenida al concepto de prosperidad y sostenibilidad que se propende en nuestra sociedad, afirmó Homero.

Entretanto, en el Título III, dedicado a los fundamentos de la Política educacional, científica y cultural, una diputada planteó la necesidad de incluir la palabra Deporte en el encabezamiento.

En el Artículo 32 (antiguo 95), el profesor y diputado Jorge Gómez señaló que un grupo de la comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, consideró la necesidad de reformular el inciso h, en aras, sobre todo, de evitar la separación de las formas de creación artística.

Por su parte, el diputado Alberto Núñez propuso que el inciso k sea más abarcadora la cantidad de instalaciones a tener en cuenta.

Derechos, deberes y garantías

En el Título V, Capítulo I, los diputados Liset Martínez Luzardo y Rolando Miguel González Patricio plantearon, respectivamente, dudas en relación con el Artículo 42, respecto al derecho de admisión y a la necesidad de que la Constitución incluya entre las prohibiciones de discriminación la de origen social y por posición económica.

Homero reflexionó que el proyecto de Constitución recoge lo que no se puede proscribir en cuanto a derecho de admisión, pero hay situaciones que requieren imponer límites, como en comportamientos en el vestir, aunque hay situaciones con una alta carga de subjetividad y la Constitución tiene un sentido práctico de aplicación.

Alpidio Alonso, ministro de Cultura, dijo compartir la apreciación de Rolando, en tanto se dan casos de exclusión en algunos lugares que se creen muy exclusivos. Y recordó la frase de Fidel de que esta Revolución era por los humildes y para los humildes, por lo cual la Constitución debe dejar clara la vocación de justicia de nuestra Revolución.

En este punto, el Doctor Eusebio Leal reflexionó que toda la Constitución está impregnada del espíritu social de la Revolución Cubana, para lo cual ha recorrido un largo camino. Hizo un breve recuento de sus orígenes humildes, y que, con las oportunidades que se abrieron para todos al triunfo revolucionario del 1ro. de enero de 1959, una frase habitual en los hogares de padres a hijos era: estudia para que no te pase lo que a mí.
La Revolución barrió con la discriminación por origen y este proceso constitucional consagra todo eso, subrayó.

En el Artículo 44, la diputada Martha Mesa, viceministra primera de Educación Superior, refirió que se debe profundizar en los programas de estudio, hablar más de los derechos.

Homero dijo que sobre el tema de la igualdad se han generado muchas opiniones, si bien podemos enorgullecernos de que Cuba es uno de los países donde más se ha luchado por la justicia social, «y eso es una obra de la revolución, de Fidel, aunque tenemos que entender que no puede haber igualitarismo», recalcó.

Al propio tiempo subrayó que hay que cubrir los espacios de desigualdad para que la brecha sea mínima, aunque esta siempre será incomparable con la existente en el capitalismo, donde ese término significa niños que no pueden ir a la escuela, o gente que muere porque no puede pagar los servicios de Salud.

Dijo que se ha ganado en inclusión en el Artículo 42, una conquista importante del proyecto, y también en el 44, cuando dice que se busca salvar distancias mediante políticas públicas que benefician a todos.
Los diputados estuvieron de acuerdo en que se siga hablando de estos temas por los medios de comunicación, y Ulises Guilarte acotó que una vez aprobada la Constitución se implementará una estrategia de comunicación sobre el tema.

Alberto Osorio, diputado por el municipio de Diez de Octubre, consideró innecesario aclarar en el Artículo 55 (antiguo 60) que los medios fundamentales de comunicación social, de propiedad socialista, nunca serán de propiedad privada, pues limitarlo solo a este modo de gestión le abre las puertas, de algún modo, a otras formas de propiedad reconocidas en la Constitución.

De igual modo, Daicar Saladrigas, diputada de Camagüey, respaldó el planteamiento anterior; pero su propuesta consistió en aclarar «que no serán objeto de ninguna otra pro­piedad».

También propuso incluir un nuevo derecho, que haga referencia al uso de las tecnologías y la responsabilidad de las personas ante ese empleo.

Sus propuestas, por constituir modificaciones de contenido, deberán ser presentadas hoy, en sesión plenaria, a la Asamblea Nacional.

Además, resaltó Yumil Rodríguez Fernández, se incorporó un nuevo párrafo que atendió a 1 200 propuestas: «todos tienen derecho a disfrutar de los mismos espacios públicos y establecimientos de servicio».
De igual forma, se agregó en este acápite uno proveniente del antiguo Artículo 76 que establece que «reciben igual salario por igual trabajo, sin discriminación alguna».

Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, expresó que este acápite transversaliza toda la Constitución y refrenda el principio de igualdad y no discriminación.

De igual forma, comentó que la necesidad de incluir el término de Familias como un capítulo independiente respondió a los planteamientos de la ciudadanía.

Luis Ángel Robles, diputado de La Habana, destacó que el Artículo 82 no es un retroceso, pues desdobla el concepto de matrimonio y usa el término cónyuges, que es neutro.

Sin embargo, su preocupación está centrada en el por qué tenía que tener un tratamiento especial el Artículo al llevarlo a referendo popular, cuando el Código de Trabajo fue aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Por ello, su propuesta se basó en que lo examinen y aprueben los ­diputados, pues «se están poniendo los derechos de las personas en una posición crítica al llevarlos a una consulta po­pular».

Sobre ello, la Secretaria General de la FMC agregó que hay un reclamo generalizado también de actualizar el Código de Familia y el matrimonio pertenece a este, por lo que la decisión fue poner más claro el artículo, estipulando que se deja en el Código, que es el que debe decir cómo es el matrimonio.

Majela Ferrari acotó que este artículo pone sobre la mesa la relación que tienen el derecho con la moral, en un elemento que se puede decir es teórico, pero se ha manifestado en esta cuestión.

Agregó que ha habido que analizar en abstracto cómo hay, de alguna manera, una concepción moral que no ha evolucionado como se pensaba y «duele mucho que mi pueblo no haya sido capaz de evolucionar hasta este punto».

Destacó que se están trasladando dos derechos de participación: la consulta y el referendo. «Se va a valorar un código que tiene que ser revolucionario y que, desde hoy, genera un compromiso de que se trabaje porque la gente siga viendo la igualdad como algo real y que no pueda tener límites».

Yumil Rodríguez Fernández expresó que el referendo es vinculante y se llevan a sufragio popular por la sensibilidad que tiene el mismo.

Agregó que es necesario llevarlo al Código de Familia para que la votación sea transparente y que no existan elementos de moral como una excusa para no votar un proyecto de Constitución.

«Cuando evaluamos el Artículo 82 nos damos cuenta de que no hemos retrocedido en nada en la voluntad política, pues el solo hecho de no poner que el matrimonio es la unión entre el hombre y la mujer es un tremendo avance, no solo para nuestra sociedad, sino para el mundo».

 Foto: Juvenal Balán

Estructura del Estado

Varias intervenciones se relacionaron con el Artículo 126, del Capítulo III, referido al tiempo de mandato del Presidente.

La posibilidad de extender, al menos excepcionalmente, un mandato más, fue la propuesta presentada por Yordanis Santos, diputado por Bayamo. Idea que apoyó Alberto Osorio, en representación de Diez de Octubre, quien reiteró la alta presencia que tuvo este tópico en las reuniones de consulta.

Al respecto, Johana Odriozola explicó que, ciertamente, la limitación de los mandatos resulta novedosa dentro del funcionamiento de nuestro sistema político, pero responde a una necesidad, a tono con los cambios introducidos y con las decisiones adoptadas por la dirección política del país, en el 6to. y 7mo. congresos del Partido.

Por su parte, Toledo Santander añadió que esta decisión refuerza el carácter democrático de nuestro sistema político, así como la necesidad de mantener la vitalidad en cargos que demandan de mucho esfuerzo y trabajo.

Homero Acosta dijo que este es de los asuntos más complejos para explicar. Es una encomienda del General de Ejército Raúl Castro Ruz y tiene que ver con la historia de las revoluciones, y lo ocurrido en los países de Europa del Este. Y aunque fueron experiencias alejadas de la realidad cubana, acá se ha buscado respuesta a la necesidad de encontrar un límite en el tiempo en el ejercicio de los cargos, lo cual ha sido muy discutido en las reuniones de la máxima dirección del país y en congresos del Partido.

Se refirió a ideas del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz, acerca de que el Presidente debía estar mientras estuviera en condiciones, pero, quién determina cualitativamente esas condiciones, por eso dijo que es saludable para la Revolución acortar el periodo de mandato, que tiene que ver con un requerimiento lógico de los procesos.

Acotó que quien termine sus funciones como Presidente y sea una persona joven podrá ser elegido Primer Secretario del Comité Central del Partido, y al cesar en este cargo tendrá la posibilidad de seguir aportando experiencias. Lo que se persigue es que haya tránsito del liderazgo, una tarea compleja y responsabilidad de todos, que pasa por muchos componentes, incluida la política de cuadros.

Eso tenemos que compartirlo y comprenderlo, y lo que tenemos que defender y lograr es que quien asuma el cargo de Presidente siga la misma línea de la Revolución y el Partido trazadas por Fidel y Raúl, cuyas acciones tienen una dosis de legitimidad histórica irrepetible.

Es un cambio que tenemos que entender, explicó, si bien reconoció que el Parlamento es soberano de discutir y aprobar o no lo propuesto en ese artículo.

En cuanto a la organización de los tribunales, el diputado por el municipio de Santo Domingo, Joaquín Bernal, mostró preocupación por una frase incorporada en el Artículo 147, relacionada con la forma en que se constituyen, «colegiados o no». Esa expresión, dijo, podría malinterpretarse y contradecir la práctica colegiada que ha caracterizado la impartición de justicia durante los años de Revolución.

Concerniente al Artículo 126, que habla sobre la elección del Presidente de la República, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Ana María Mari Machado, reconoció que desde el Artículo 80 se reconocen los derechos de los ciudadanos de participar en la conformación, el ejercicio y el control del poder del Estado.

Sobre el planteamiento de ser más o menos democráticos en el ejercicio de elegir directamente al Presidente, destacó, tenemos que sentirnos más democráticos con el proceso actual de elección de los cubanos.

«Nuestro sistema no se parece a ningún otro, pues el poder está en el pueblo», concluyó.


Foto: Juvenal Balán

Título VIII: Órganos Locales del Poder Popular

El hecho de que ahora, como expresa el Artículo 175, el gobernador provincial sea elegido, responde también a las propuestas formuladas por la población, que consideró que no debía ser designado. De modo que, con la nueva redacción, será electo por los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, a propuesta del Presidente de la República, y será la Ley Electoral la que definirá los detalles.

En el Artículo 182, Pavel Rodríguez, diputado de Holguín, expresó su sugerencia de sustituir local por municipal en lo referente a los presidentes y vicepresidentes de las asambleas locales del Poder Popular.
El cantautor cubano Raúl Torres pidió que se recogiera en el título relacionado con Defensa y Seguridad Nacional la ofensa que significa para los cubanos la permanencia de la base naval en Guantánamo. Por la Comisión redactora del proyecto de Constitución le aclararon que quizá la solución a su planteamiento está en el Artículo 12, donde se recuerda que, desde la Constitución de 1940, se enfatizaba en la ilegalidad de tratados y pactos firmados en condiciones de desigualdad.

Respecto a las dudas sobre lo planteado en el Artículo 197, que en la sección cuarta del Capítulo ii se refiere al papel del consejo popular y sus funciones, el secretario del Consejo de Estado dijo que no hay límite de actuación de los delegados en los problemas que afectan a la población en su radio de acción, incluso la ventilación de dichos asuntos con directivos de empresas nacionales ubicadas en ese lugar.

Ulises Guilarte comentó en cuanto a lo especificado en los Artículos 226 y 227, que estos ratifican la pluralidad de nuestro sistema al dar mayor posibilidad de participación a las organizaciones políticas y de masas en propuestas de reformas a la Constitución.

Por:CMHW

Ileana Fernanda

Ileana Fernanda

Redactora Reportera de Prensa y Directora de Programas Informativos desde el año 1998. Hace ocho años dirige el Sitio Web de la CMHS Radio Caibarién.

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